Modificaciones en el ámbito mercantil y societario introducidas por Real Decreto-Ley 21/2020 para la «nueva normalidad»

Le informamos que ya se ha publicado en el BOE del día 10 de junio 2020, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, más conocido como el Decreto de la denominada «nueva normalidad» aprobado por el Gobierno.

En concreto, el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, establece para todo el territorio nacional una serie de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, dirigidas a garantizar el derecho a la vida y a la protección de salud mientras perdure la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez que expire la vigencia del estado de alarma (21 de junio de 2020) y de las medidas extraordinarias establecidas a su amparo. Entre otras medidas, en el ámbito mercantil y societario se han producido los siguientes cambios:

Sesiones de los órganos de gobierno y de administración por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, y votación de los acuerdos

Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, para:

Extender hasta el 31 de diciembre de 2020, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, la posibilidad de que las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones, se celebren por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple y
Que sus acuerdos puedan celebrarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente o cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano.

Plazos de caducidad de los asientos registrales

Con efectos desde el 10 de junio de 2020, se alza la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo (prevista en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo), reanudándose su cómputo en esa misma fecha.

Resolución de los contratos de compraventa de bienes o de prestación de servicios, y contratos de viaje combinado

Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en el siguiente sentido:

Se amplía a las fases de desescalada y durante el período de nueva normalidad, el derecho de los consumidores y usuarios a resolver los contratos de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, durante un plazo de 14 días desde la imposible ejecución del mismo, siempre que se mantenga la vigencia de las medidas adoptadas que hayan motivado la imposibilidad de su cumplimiento.

Las propuestas de revisión encaminadas a restaurar la reciprocidad de intereses del contrato quedarán sometidas a la aceptación por parte del consumidor o usuario.
No cabrá obtener propuesta de revisión que restaure la reciprocidad de intereses del contrato cuando haya transcurrido un periodo de 60 días desde la solicitud de resolución contractual por parte del consumidor o usuario sin que haya acuerdo entre las partes sobre la propuesta de revisión.

En el supuesto de contratos de viaje combinado que hayan sido cancelados con motivo del COVID-19, el consumidor o usuario podrá optar por (i) solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado, que deberá abonarse, a más tardar, en 14 días o (ii) aceptar un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido.

Comunicaciones comerciales de las entidades que realicen una actividad de juego

Por otro lado, el artículo 37 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo relativo a las medidas de restricción a las comunicaciones comerciales de las entidades que realicen una actividad de juego regulada en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, queda derogado.

Un cordial saludo,