Con la entrada en vigor del Real Decreto 1026/2024 el pasado 10 de octubre, las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a implementar medidas para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI en el ámbito laboral. Esta normativa responde a las exigencias de la llamada «Ley trans» y busca combatir la discriminación, acoso o violencia en el entorno laboral. A continuación, te explicamos en detalle qué empresas están afectadas, cómo se deben negociar las medidas, y los plazos y acciones a cumplir según la nueva regulación.
Índice de contenidos
1. ¿A quién afecta esta normativa?
El Real Decreto 1026/2024 afecta a todas las empresas con más de 50 trabajadores en su plantilla, independientemente del tipo de contrato o la distribución de los centros de trabajo. Esto significa que se incluyen tanto empleados fijos como temporales, fijos discontinuos, o a tiempo parcial, así como a las personas trabajadoras cedidas por empresas de trabajo temporal (ETT) durante sus periodos de prestación de servicios.
2. ¿Cómo se deben negociar las medidas de igualdad LGTBI?
Las medidas que deben garantizar la igualdad LGTBI y prevenir cualquier tipo de discriminación o acoso en el entorno laboral deben ser negociadas colectivamente. El procedimiento de negociación dependerá de la estructura organizativa de la empresa:
- Con convenio colectivo: Si la empresa tiene un convenio colectivo en vigor, las negociaciones se realizarán en el ámbito del propio convenio.
- Sin convenio colectivo: Si no existe un convenio colectivo, pero sí representación sindical, las medidas se discutirán a través de acuerdos de empresa entre los representantes de los trabajadores y la dirección.
- Sin representación sindical: En este caso, se deberá constituir una comisión negociadora que incluya tanto a la empresa como a los sindicatos más representativos del sector.
Es fundamental asegurarse de que estas negociaciones se realicen de manera inclusiva y que las medidas respeten las normativas actuales de no discriminación.
3. Plazos para negociar las medidas
Las empresas que están obligadas a implementar estas medidas tienen plazos definidos para cumplir con la normativa:
- Plazo de constitución de la comisión negociadora: Las empresas tienen un plazo máximo de 3 meses, es decir, hasta el 10 de enero de 2025, para constituir la comisión negociadora encargada de definir las medidas de igualdad.
- Plazo para iniciar las negociaciones: En las empresas sin convenio colectivo, se contará con un plazo extendido hasta el 10 de abril de 2025 para iniciar el proceso de negociación.
Cumplir con estos plazos es esencial para evitar sanciones y garantizar que la empresa esté alineada con la normativa vigente.
4. ¿Qué sucede si no se alcanza un acuerdo?
Si en el plazo de 3 meses desde el inicio de las negociaciones no se logra un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores, la normativa establece que se deberán aplicar las medidas mínimas contempladas en el Real Decreto 1026/2024. Estas medidas serán obligatorias hasta que se pueda llegar a un acuerdo definitivo en el marco de la negociación colectiva.
5. ¿Qué deben incluir las medidas de igualdad LGTBI en las empresas?
Las empresas deberán implementar un conjunto de acciones específicas que garanticen un entorno laboral inclusivo y respetuoso con la diversidad sexual y de género. Algunas de las medidas más destacadas que deben incluirse son:
- Protocolo de prevención y actuación frente al acoso: Un procedimiento claro para detectar, prevenir y actuar ante cualquier caso de acoso o violencia por motivos de orientación sexual, identidad de género o características sexuales.
- Formaciones específicas: Capacitación para el personal encargado de los procesos de selección y promoción, garantizando que estos se basen en la igualdad de trato y oportunidades.
- Entorno laboral inclusivo: Promoción de una cultura empresarial que respete la orientación sexual, identidad de género y características sexuales de todos los trabajadores, fomentando la diversidad en la plantilla.
- Acceso igualitario a permisos y beneficios sociales: Asegurar que todas las familias, incluidas parejas de hecho y cónyuges LGTBI, tengan acceso igualitario a los permisos y beneficios sociales de la empresa.
Estas medidas son esenciales para crear un ambiente de trabajo diverso, inclusivo y respetuoso, en el que todos los empleados puedan desarrollarse profesionalmente sin temor a la discriminación.
La implementación de medidas de igualdad LGTBI es una obligación que las empresas con más de 50 trabajadores deben cumplir en virtud del Real Decreto 1026/2024. Estas acciones no solo previenen la discriminación, sino que también fomentan un entorno laboral más inclusivo y respetuoso. Si tienes dudas sobre cómo negociar o aplicar estas medidas en tu empresa, nuestro despacho profesional está disponible para asesorarte en cada paso del proceso.
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